El gobierno estadounidense anuncia nuevas sanciones contra funcionarios y entidades cubanas.
jueves 5 de junio una nueva batería de medidas coercitivas unilaterales contra la mayor de las Antillas, al incluir al Presidente de la República, Miguel Díaz‑Canel Bermúdez, a miembros de su núcleo familiar, a familiares del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y a varias entidades e instituciones cubanas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Las sanciones, que se enmarcan en la escalada de hostilidad de la administración de Donald Trump hacia la nación caribeña, implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados
Además, el mandatario estadounidense puso fin este viernes al período de gracia concedido el 1 de mayo a empresas extranjeras con presencia en Cuba para que rompieran sus lazos con la isla antes de enfrentar represalias de Washington
Detalles de las sanciones
De acuerdo con la actualización publicada en el sitio web del Departamento del Tesoro, fueron sancionados el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su esposa Lis Cuesta Peraza y su hijastro Manuel Anido Cuesta, residente en Madrid. Asimismo, las medidas alcanzan a familiares del General de Ejército Raúl Castro: su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín, y su nieto, Alejandro Castro Calis.
Junto a las personas naturales, el gobierno estadounidense impuso sanciones contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes Amistur Cuba S.A. y la empresa minera La Victoria S.A..
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sanciones al Grupo de Administración Empresarial (GAE), operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
La decisión del gobierno estadounidense se produce en el contexto de la orden ejecutiva del 29 de enero, que facultó a la Casa Blanca a imponer aranceles contra quienes comerciaran petróleo con Cuba y estableció un bloqueo energético de facto que ha privado a la nación caribeña del suministro de combustibles.